El silencio en la Sala Cuatro del Juzgado Familiar de la Ciudad de México era tan espeso que parecía una cobija húmeda pegada a la piel. Nadie tosía. Nadie se movía. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared y, de vez en cuando, el roce seco de las hojas cuando el secretario acomodaba el expediente.
Beatriz Torres Reyes estaba sentada sola en la mesa de la parte demandada, con las manos entrelazadas como si rezara para que su vida no se desmoronara ahí mismo. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar: en el Metro, en la fila de seguridad del juzgado, en el baño del edificio. Al otro lado de la sala, Eduardo Reyes Salgado, su esposo solo en los papeles, llevaba un traje caro, zapatos recién boleados y a su lado un abogado que olía a loción fina y a certeza absoluta. El licenciado Morales —corbata de seda, sonrisa de superioridad— le murmuraba cosas al oído como si el resultado ya estuviera escrito.
En una banca de atrás estaba Valentina, su hija, con el uniforme de la primaria: falda azul marino, suéter gris, calcetas caídas. Las dos colitas le quedaban chuecas, como siempre que Beatriz la peinaba de prisa antes de salir corriendo al trabajo. Apretaba contra el pecho un cuaderno viejo. No era de esos con portadas brillantes y unicornios. Era uno de hojas amarillentas, esquinas dobladas y una etiqueta mal pegada que decía: “Valentina 3° B”.
El juez Ramírez, un hombre de unos sesenta años con lentes que se le resbalaban constantemente por la nariz, revisaba el expediente con gesto cansado. Otro juicio de custodia. Otro padre hablando de “estabilidad” y “mejor futuro”. Otra madre sin dinero para pagar un abogado.
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